El arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, cardenal Rubén Salazar Gómez, aseguró que al obligar a los notarios a formalizar las uniones homosexuales, se está violando el derecho constitucional a la objeción de consciencia.

Según el Alto Clero, “las uniones homosexuales resultantes se equipararían a la familia y gozarían de los derechos a ésta reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

Ante esta situación, la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), presidida por Salazar Gómez, aseguró: “imploramos una vez más la bendición divina sobre el matrimonio, la familia y nuestra sociedad”.

De acuerdo con la Iglesia, la sentencia C-577 de 2011, en la que la Corte Constitucional instó a los notarios y jueces a formalizar las uniones entre personas del mismo sexo, incurre en “graves ambigüedades éticas y jurídicas”.

“La indebida equiparación de las uniones homosexuales a la familia no sólo contradice la voluntad del Creador [mayúsculas en el original], sino también, en el caso colombiano, la vigente voluntad del Constituyente primario establecida en el artículo 42 de la Carta Magna”, indicó en un comunicado la jerarquía eclesiástica.

El punto más polémico de la reacción del Clero es el aparte invita “a la abstención frente a cualquier tipo de cooperación formal o material con la promulgación o aplicación de leyes o decisiones judiciales tan gravemente injustas”.

De acuerdo con la Iglesia Católica colombiana, “ninguna autoridad del Estado puede obligar a notarios y jueces a formalizar las uniones homosexuales”. “Los notarios y jueces no son simples testigos de las decisiones de las personas sino que son actores que formalizan o solemnizan la situación jurídica que ante ellos se presenta, por lo que están en su derecho de oponerse a actuar cuando consideren que con su acción están avalando o legitimando un acto contrario a su conciencia o a la Constitución”, argumentó la CEC.

No permitir que los jueces y notarios (quienes por Ley deberían hacer valer las reglamentaciones y determinaciones de la Rama Judicial), significa, según el Clero, una violación al artículo 18 de la Constitución, que garantiza la libertad de conciencia.

Fuente:(Todelar Noticias)