Todas las instituciones deberán reportar en un sistema de información los casos que se presenten.

Los rectores, docentes y planteles educativos que no implementen herramientas para mejorar la convivencia escolar, a luz de la ley recientemente aprobada por el Senado, podrán ser objeto de sanciones.

Estas van desde sanciones disciplinarias hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento. Así lo contempla la norma que busca disminuir la violencia en los planteles educativos y los casos de embarazo adolescente, y que esta semana pasó su último debate.

“Es una ley que tiene dientes”, dijo la Ministra de Educación, María Fernanda Campo. El articulado también contempla que los rectores de colegios públicos y privados del país reporten todos los casos de intimidación escolar, violencia y vulneración de derechos sexuales que se registren en su plantel educativo en un sistema de información unificado.

EL TIEMPO: ¿Cuál es el gran aporte de esta ley?

María Fernanda Campo (MFC): Crea un gran sistema de convivencia escolar que tiene tres instancias: nacional, territorial y escolar. Con esto se busca diseñar políticas intersectoriales, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, que aborden el tema de violencia escolar y de embarazo adolescente.

Con esta ley nace la obligatoriedad de crear en cada institución educativa, oficial y privada, un comité escolar de convivencia que estará conformado por el rector, un representante de los docentes, uno de los estudiantes y uno de los padres de familia.

¿Cuál será la función de ese comité?

Debe hacer un análisis de los factores de riesgo asociados a la violencia escolar y al embarazo adolescente en cada colegio y, a partir de ello, definir cuáles son las políticas, programas y estrategias que deben implementarse para prevenir ambos problemas.

También, coordinar la creación de los mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes sociales y demás tecnologías a los casos de ciberbullying.

¿De qué se trata la reformulación de los manuales de convivencia?

Se establece de forma obligatoria que todas las instituciones entren a revisar estos manuales que, en su gran mayoría, no han sido construidos con la participación ni de los estudiantes ni de las familias. Es importante que haya un gran acuerdo entre todos sobre los derechos, deberes y normas que se deben cumplir al interior de cada plantel educativo.

¿Cree que reducirán los casos de intimidación escolar?

Ese es el propósito pues no solo se promoverán y fortalecerán todos los proyectos y programas pedagógicos para el desarrollo de competencias ciudadanas que mejoren la convivencia escolar, sino que se crea una ruta integral de atención a estudiantes y padres de familia cuando se hayan visto vulnerados sus derechos. En esta ruta participan el Ministerio de Salud, el Icbf, las comisarías de familia, la personería, la policía de infancia y adolescencia. Cuando un padre de familia matricule a su hijo, le deben dar información sobre esta ruta para que sepa qué hacer y a quién acudir para restablecer los derechos del menor de edad.

Para quienes no cumplan, ¿qué sanciones prevé la ley?

Hay sanciones para entes territoriales, rectores y docentes que no cumplan con su obligación de implementar el sistema de convivencia en los colegios, no le den vida a la ruta de atención o no reformulen los manuales. Las Secretarías van a vigilar este proceso y lo deben reportar al Ministerio.

Las sanciones, que son para colegios públicos y privados, van desde la amonestación pública y privada de los establecimientos hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento. Los docentes, que son servidores públicos, podrían ser objeto de sanciones de carácter disciplinario.

También se crea un sistema de información sobre los casos de violencia escolar, ¿cómo funcionará?

Este identificará, registrará y hará seguimiento a los casos de acoso, violencia escolar y abuso sexual que se presenten en los planteles educativos. Hoy no contamos con este sistema y solo sabemos de los casos por algunas denuncias que llegan a las secretarías o por los medios de comunicación...

Cada rector deberá reportar los casos de intimidación escolar que sucedan en su colegios y las acciones adelantó para enfrentarlo… Si un centro de salud u hospital atiende al niño agredido, esta atención también debe reportarse al sistema.

Así podremos identificar los casos más críticos en colegios, municipios y departamentos para ser más asertivos en la política pública.

¿Habrá más apoyo psicológico en los colegios?

Hoy escasean estos profesionales… Será obligatorio reforzar en el sector educativo la presencia de más orientadores… Se crea la posibilidad de que las secretarías de educación hagan alianzas con las universidades para ellas envíen a los jóvenes de último semestre de psicología y trabajo social para que apoyen esta labor de orientación en los colegios.

Estudiantes aprenderán uso correcto de redes sociales

Para enfrentar también los casos de cyberbullying, se han definido protocolos de cómo usar redes sociales, los cuales estarán insertos en la formación ciudadana.

REDACCIÓN EDUCACIÓN / VIDA DE HOY EL TIEMPO.COM